LAS DESTITUCIONES QUE PROMOVIO EL KISHNERISMO
Sucedieron, al fin, actos destituyentes. Hubo imágenes que recordaron el implacable derrocamiento de Arturo Illia. Se usó el método de la falsa descalificación para separar de sus cargos a autoridades institucionales que habían sido elegidas. Un poder duro e insensible trató de imponer por la fuerza, esquivando la Constitución y las leyes, una visión unánime de la política nacional. Esos son los trazos verosímiles de hechos destituyentes. El único problema de los gobernantes es que el kirchnerismo no fue la víctima. Fue, por el contrario, el que perpetró aquellas anomalías institucionales. Las víctimas reales fueron la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura, casi los únicos lugares donde las minorías opositoras conservan todavía cierto protagonismo.
El gobierno de Cristina Kirchner ha perdido el sentido de la oportunidad. Cometió esos desmanes en el mismo momento en que gendarmes y prefectos se insubordinaban por primera vez en la historia de la democracia. La protesta se debió a la pésima redacción y a la peor implementación de un decreto sobre los salarios de los uniformados. Un kirchnerista cabal, colocado en la otra vereda, diría que la rebelión de los sargentos fue promovida por el oficialismo para quedarse, en medio de la confusión, con el control de la auditoría y con un juez propio en un caso clave. Existió, sin embargo, más chapucería que conspiración. Los sargentos se alborotaron cuando cobraron sus recortados salarios y el kirchnerismo, a su vez, no quiso detener ninguna de aquellas operaciones que había puesto en marcha.
Las fotos de uniformados vociferando contra autoridades civiles son lamentables en un país con una historia tan larga de dictaduras. Pero asociar el reclamo de un grupo de suboficiales, más policiales que militares, por un salario mínimo a un golpe de Estado es desconocer cómo fueron los verdaderos golpes. El Gobierno pasó de un susto inicial, que lo llevó a reclamarle a la oposición un apoyo inmediato, a dilatar la solución para que los indisciplinados se cocinaran en sus propios errores. Podría ser una buena treta política para debilitar a camioneros o a metalúrgicos, pero es muy mala cuando se trata de organizaciones fuertemente disciplinadas. Ahora, el núcleo central del conflicto es que se ha roto la cadena de mandos y que su reconstrucción será una tarea larga y difícil.
La cadena de mandos ya se había roto antes por el manejo político de las fuerzas de seguridad. La rompió la propia Presidenta cuando empezó a desconfiar de la eficacia de su ministra de Seguridad, Nilda Garré, y nombró un viceministro, Sergio Berni, que es más ministro que la ministra. Esas fuerzas necesitan de un solo jefe. La Presidenta puede relevar al ministro o confirmarlo, pero no debilitarlo. La propia Garré rompió la cadena de mandos cuando decidió buscar entre los subordinados de las fuerzas de seguridad la información reservada sobre la aptitud y la honestidad de los jefes. Las conducciones uniformadas merecen sólo la confianza o el relevo. Recurrir a la horizontalidad para conducir organizaciones que son verticales por definición es sembrar el germen de seguras insubordinaciones.
La sorpresa que destapó el conflicto es que gran parte de los salarios del Estado se paga en negro, si por negro se entiende que son ingresos por los que no se hacen aportes previsionales. Un gobierno nacional y popular que retacea esos aportes para una vejez digna es una contradicción política e ideológica. Podrían entenderse las limitaciones financieras del Estado para blanquear a todos sus empleados. Pero, ¿cómo explicar entonces los multimillonarios recursos que se escapan para financiar medios paraoficiales, para Fútbol para Todos, para subsidiar a una aerolínea de bandera pésimamente administrada o para aumentar mil empleados en un Congreso ya abarrotado?
Leandro Despouy es presidente de la Auditoría General de la Nación en representación de la oposición, según dispone la Constitución. Lo destituyó una mayoría circunstancial de kirchneristas en una comisión bicameral. Lo llamamos para decirle que usted no es más presidente de la Auditoría, le dijeron brutalmente. Despouy pidió la palabra para ejercer su derecho a la defensa. No puede hablar. Usted ya no es más presidente, le contestaron. Me sentí como Illia en la noche del golpe que lo derrocó, contó luego Despouy. Una comisión bicameral de seguimiento de la Auditoría se había colocado por encima de la Constitución, que dice que al presidente de ese organismo lo designa el partido de la oposición con más bancas en el Congreso. Es el radicalismo, en este caso.
Es cierto que la interna radical había dejado flancos abiertos en disputas pasadas, que el kirchnerismo supo aprovechar. La Constitución no le fija ningún plazo al presidente de la Auditoría; su plazo depende de la confianza del partido que lo llevó al cargo o del cambio en la relación de fuerzas parlamentaria. El kirchnerismo se respaldó en un plazo de ocho años para ese cargo que fija una ley menemista previa a la reforma de la Constitución de 1994, que dio rango constitucional a la Auditoría. El oficialismo le desconoce casi dos años de gestión a Despouy. Varios informes de la Auditoría, que han promovido escandalosas causas de corrupción (Ricardo Jaime, la empresa que concesiona los trenes de la tragedia de Once, el aporte de los trabajadores para obras sociales que el Gobierno mete en su bolsillo, entre muchos más), podrían ser anulados y carecer de validez judicial.
La comisión bicameral le negó autorización a Despouy para investigar a la ex Ciccone y le ordenó que investigara a Papel Prensa, una empresa mayoritariamente privada. Tampoco Despouy puede investigar a la nueva YPF con mayoría estatal. Despouy volverá al cargo. Toda la oposición lo respaldará en una foto común el martes próximo. Es cierto que la agresión a los diarios es una prioridad kirchenrista, pero ¿quién le aconsejó al Gobierno meterse en una estrategia tan mala? ¿Quién le dijo que es mejor agraviar aún más a los agraviados sin sacárselos de encima definitivamente?
Ocurrió lo mismo en el Consejo de la Magistratura. Intentaron una maniobra difamatoria contra un consejero prestigioso, Ricardo Recondo, y sólo consiguieron despertar el espíritu de cuerpo de los jueces. Dos magistrados que votaban en el Consejo con el oficialismo, Alejandro Sánchez Freytes y Mario Fera, anticiparon que abandonarán al oficialismo en su intento de separar a Recondo. La minoría opositora de cinco miembros en el Consejo no quiso darle los dos tercios al Gobierno para nominar a una jueza que debería decidir sobre la ley de medios. La candidata a jueza recusó a Recondo con falsas acusaciones para alcanzar la mayoría que el kirchnerismo no tenía. La oposición cuestionó a todos los candidatos a jueces de ese concurso después de semejante maniobra destituyente.
El Gobierno informó ahora que recusará al juez subrogante, cuya designación avaló la propia Corte Suprema. Nadie sabe nada de ese juez subrogante, Raúl Tettamanti, y menos se conoce con qué argumentos será recusado. O, tal vez, sí se sabe: el kirchnerismo no aceptará a ningún juez que no le asegure de antemano que resolverá contra el Grupo Clarín. Podría ser peor. El Gobierno ya no tiene tiempo de nombrar a un juez propio antes del famoso y beligerante 7-D. Presiona entonces violentamente sobre Tettamanti. No quiere que haya juez en la causa para decidir según su interpretación de las cosas.
En medio de sus propias destituciones, cada declaración del kirchnerismo es una acusación de golpismo contra los pocos medios periodísticos independientes que van quedando. No hay peor ridículo que convertirse en una caricatura de sí mismo
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